Según informaba www.eleconomista.es, de 26 de diciembre de 2011, las consultas de atención psicológica han registrado un aumento durante 2011 como consecuencia de la crisis. Según este medio, la novedad es que, además de tratamientos individuales, cada vez son más las familias que demandan una intervención, como consecuencia de las nuevas situaciones derivadas de la crisis (paro, vuelta de los hijos a casa, dificultades económicas,...).Según se expone, el aumento del desempleo, el incremento de la pobreza y los recortes en el gasto público que se están experimentando en Europa desde el inicio de la crisis, han conducido al detrimento notable de la salud mental de los europeos.Otro dato relevante que se explica, es que los programas basados en apoyo psicológico a los desempleados, promueven la salud mental y aumentan los índices de reinserción laboral, lo que supondría un importante ahorro para las administraciones públicas y para las empresas y organizaciones, en términos de aumento de las tasas de empleo, ingresos económicos y disminución de cambios en el empleo.
Frente a esta realidad, nos encontramos la paradoja de los importantes recortes que se están produciendo en nuestro país, en las áreas de Intervención Social y de Salud Mental, lo que agrava todavía más la situación.
De este modo, aunque parece lógico gastar menos en tiempos de escasez, no se debería generalizar esta afirmación a cualquier ámbito. Se deberían tener en cuenta no sólo las consecuencias a corto plazo, sino también las de medio y largo plazo. Y es que, según los datos, parece que los recortes en sanidad, y en concreto, en salud mental, podrían provocar a medio plazo, gastos mayores que el ahorro previsto. La disminución de subvenciones en salud mental, repercute en una disminución del personal y por lo tanto en una peor calidad de los servicios (largas esperas, tratamientos intermitentes, interrupciones causadas por cambios de profesionales, escasa duración de las visitas...). Toda esta situación genera más reingresos, aumentando el gasto farmacéutico y el riesgo de exclusión social de estos pacientes.
Si tenemos en cuenta los recortes en el ámbito social, las conclusiones son las mismas. La supresión progresiva tanto de programas preventivos, como de la red de apoyo con la que cuentan las poblaciones más necesitadas, facilita problemáticas de violencia, drogadicción y aumento de la conflictividad social.
En vez de continuar con los recortes, se puede concluir que, parece importante invertir en el refuerzo de la red de prevención e intervención psicológica en España, tanto a nivel público como privado, ya que tendría repercusiones positivas en la salud, el empleo y la economía.